Las ONGs Ambientales de Chile

Por Por Ruth Bradley
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¿Quiénes son? ¿Cuál es su estrategia? ¿Quiénes las financian? Ésas son algunas de las preguntas que bUSiness CHILE analiza en este informe sobre las ONGs ambientales del país.

Para los forasteros, no es fácil seguir el historial del lobby verde en Chile. Distintos grupos ininterrumpidamente aparecen y desaparecen a medida que los conflictos explotan y después se reducen, al tiempo que abundan los mitos que hacen difícil entender los objetivos e influencia del movimiento.

“Somos una consecuencia de la globalización”, dice Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de Ecoceanos, organización que promueve la participación ciudadana en temas que involucran los recursos marinos. La globalización no sólo ha perpetuado la dependencia de Chile de los recursos naturales, sostiene, sino que además ha expuesto al país a las tendencias sociales internacionales y, al menos incipientemente, ha hecho que la ciudadanía exija una mayor voz sobre el futuro del país.

La liberalización comercial fue el impulso inicial en 1987, cuando Manuel Baquedano fundó el Instituto de Ecología Política (IEP), una de las primeras ONG ambientales de Chile. “Lo que los mercados internacionales querían de Chile eran materias primas; vimos que eso no era sustentable y que el país sólo iba a devorar su capital natural”, señala.

En ese entonces, recuerda, Chile tenía sólo dos ONG ambientales: el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), grupo de conservación fundado a fines de la década de los ‘60, que afirma es el grupo ambiental más antiguo del país, y el Instituto de Ecología de Chile, fundado en 1974 por el Dr. Juan Grau, quien posteriormente encabezó la autoridad ambiental chilena en el último período del gobierno militar de Pinochet.

A fines de los años ‘80, Chile también comenzó a atraer el interés de los conservacionistas estadounidenses. Fue en ese entonces cuando se fundó Ancient Forest International (AFI), organismo de conservación, con el objetivo inicial de traer visitantes de Estados Unidos para que vieran el alerce, especie arbórea única del sur de Chile y Argentina que puede vivir más de 3.000 años.

AFI después encabezó la creación del Santuario del Cañi, la primera reserva privada de bosque nativo de Chile, recuerda Rick Klein, su director ejecutivo. Ese emprendimiento fue financiado por tres hombre que desde entonces han desempeñado un rol clave en el financiamiento del movimiento ambientalista del país: Douglas Tompkins, fundador de las tiendas de vestuario North Face y Esprit; Yvon Chouinard, fundador de la cadena de equipos y vestuario deportivo Patagonia; y Alan Weeden, hijo del fundador de Weeden & Co., una importante corredora estadounidense de seguros.

Posteriormente, en la década de los ‘90, luego de que se reinstauró la democracia y que la integración internacional de Chile cobró impulso, otras ONG ambientalistas fueron apareciendo gradualmente. Además de Ecoceanos, fundado en 1998, después de que Cárdenas abandonara Greenpeace, éstas incluían a Defensores del Bosque Chileno, entidad de conservación del bosque; Fundación Terram, que promueve la participación ciudadana en temas ambientales; la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), estudio jurídico ambiental de interés público; y Chile Sustentable, programa dirigido por Sara Larraín -quien fuera candidata presidencial en 1999- que busca influir en el diseño de ciertas políticas e impulsar la participación ciudadana.

En la década de los ‘90, también aparecieron grupos abocados a temas específicos, incluidos el Grupo de Acción por el Biobío, encabezado por Juan Pablo Orrego. Éste se creo en una apuesta (que no tuvo éxito) por impedir que la eléctrica Endesa construyera las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco; hoy en día, Orrego coordina Ecosistemas, grupo que apunta a evitar que Endesa construya cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua de la región de Aysén, en el extremo sur del país (lea el Reportaje Principal de esta edición de bUSiness CHILE).

INCOMPRENSIÓN MUTUA

“Todos somos comunistas y estamos financiados por los competidores internacionales de las industrias locales; eso es lo que los empresarios dicen de nosotros”, afirma Baquedano. “O somos miembros de la izquierda ‘rosada’, que tenemos un estilo de vida acomodado y sólo hacemos esto por diversión”.

Ésa es una caricatura de la visión que tiene el mundo empresarial de las ONG ambientales, pero ilustra una profunda brecha de mutua incomprensión. Y las mismas ONG tienen una visión nada prometedora sobre los empresarios del país.

“Los llamo empresaurios. Se encuentran en la etapa pionera de los ‘cowboy’; están demasiado ocupados haciendo dinero como para pensar que tienen que preocuparse del medio ambiente”, dice Cárdenas.

Marcel Claude -director ejecutivo de la oficina sudamericana con sede en Santiago de Oceana, organismo internacional para la conservación de los recursos marinos- tiene una visión similar. “Los empresarios chilenos funcionan por ideología, algunos ni siquiera son pragmáticos; creen que el crecimiento económico es la respuesta para todo”, señala. Y acusa a la prensa local de actuar como cómplice al intentar desacreditar constantemente al movimiento ambientalista.

Claude -en una postura que de seguro causará molestia y revuelo en el sector empresarial- cree que, por ejemplo, debiera aplicarse una regalía a toda explotación de los recursos naturales. “Ésa es la manera de lograr una menor explotación que sea más eficiente”, sostiene.

Algunos ambientalistas, como Douglas Tompkins, el dueño de la extensa reserva Pumalín en el sur de Chile, desafían incluso los principios de la política económica de libre mercado del país. Si se permite al mercado determinar el futuro del país, Chile está condenado, dice. “Necesitamos modificar el modelo económico y sacar al mundo de su vuelo en picada”, asegura.

No obstante, otros -aunque reticentes a criticar a Tompkins- tienen dudas sobre tal radicalismo. Ya sea por convicción o por estrategia, prefieren un enfoque más pragmático.

“Tratamos de dialogar con empresarios más lúcidos, quienes comprenden que Chile tiene que cumplir con la letra chica de los tratados de libre comercio”, dice Cárdenas. “El modelo de Chile ha sido eficiente en lo que respecta a producción y exportaciones (…) es cuestión de lograr el equilibrio correcto”, explica.

Ejemplo de pragmatismo fue el acuerdo para proteger al bosque nativo, suscrito el 2003 por algunos grupos ambientalistas locales y estadounidenses con las principales empresas forestales de Chile: Arauco y CMPC. Los firmantes fueron criticados por otros grupos locales por llegar a un acuerdo, pero -con una auditoría pendiente sobre los resultados del acuerdo, que debe entregarse a fines de este año- sostienen que fue la decisión correcta.

No obstante, el pragmatismo hasta ahora sólo hará un puente en el golfo de la incomprensión mientras se mantiene otra causa para la desconfianza empresarial sobre las ONGs: la sospecha sobre sus fuentes de financiamiento. Y en este punto, las ONGs quizás son su peor enemigo.

Renace, organización que reúne a varios organismos, publica una lista de donantes en su sitio web. Pero pocos siguen su ejemplo y la mayoría no publican informes de resultados financieros.

¿Por qué esta omisión cuándo uno de los objetivos de muchas ONGs es promover el acceso público a la información? “Quizás es un error, pero no es más bien embarazoso publicarlos cuando tu presupuesto anual es tan diminuto?”, se pregunta Klein.

Una cosa clara es que, en este caso, la caridad no parte por casa. Las ONGs concuerdan en que no recaudan casi nada en Chile, ya sea en donaciones de empresas o de personas. “Tras años de promesas vacías, me cansé de tratar”, dice Klein.

Pero la pregunta sigue siendo, ¿quiénes entregan el financiamiento para las ONGs de Chile?

¿QUIÉNES DONAN?

El sospechoso de siempre es Douglas Tompkins. Su Foundation for Deep Ecology -que tiene sede en California y es uno de una serie de vehículos de donaciones que supuestamente emplea- ha respaldado no sólo a AFI, sino que también a CODEFF, Defensores del Bosque y, en su momento, al Grupo de Acción por el Biobío, según consta en su sitio web. Además, Ecoceanos y Renace informan que reciben donativos de esta fundación.

El propio Tompkins, aunque se niega a dar una cifra total sobre su contribución, estima que representa entre un 5% y un 8% del financiamiento total de su movimiento. “Cuando tienen un buen proyecto, soy útil (…) y a veces hago lobby ante otras fundaciones en su nombre; es bueno para ellos contar con un rango de financiamiento”, dice.

Sin embargo, según Baquedano, el aporte de Tompkins no debiera exagerarse. “No aporta dinero en parte, porque todo el mundo cree que lo hace”, sostiene.

Claude, en tanto, resta importancia a su rol financiero. “Cuando estuve en Terram, la mayor cantidad que nos dio fueron USD 20.000 cuando ése era nuestro gasto mensual”, recuerda.

La estadounidense Weeden Foundation también es un significativo contribuyente y, según información publicada en su sitio web, ahora se está concentrando principalmente en la campaña en contra de las centrales hidroeléctricas de Aysén. Este año, ha entregado USD 20.000 a una ONG de Washington D.C., Resources for the Future, con el fin de preparar un estudio sobre los aspectos políticos y legales del desarrollo de la hidroelectricidad en Chile. Este proyecto apunta a aumentar la capacidad de las ONGs locales para participar en el debate técnico y, mediante la publicación del estudio en distintos medios, a aumentar la conciencia internacional sobre los asuntos en cuestión.

Este año, la Weeden Foundation además aportó USD 20.000 a la californiana International Rivers Network, para su trabajo con una coalición de ONGs chilenas en contra del proyecto de Aysén; USD 15.000 para que FIMA impugne los derechos de agua que tiene Endesa en Aysén; USD 20.000 para Environmental Law Alliance Worldwide, entidad con sede en Oregon, que tendrá como una de sus prioridades ayudar en la campaña en contra de las represas de Aysén.

La cadena de tiendas Patagonia -que destina un porcentaje de sus ventas a causas ambientales- informa que sus donaciones incluyen a AFI, Defensores del Bosque y Oceana. Además, de acuerdo a su sitio web, respalda a Friends of the River, organismo con sede en California que -según se ha informado- estaría ayudando a financiar la campaña en contra de las centrales de Aysén.

Pew Charitable Trusts, fundación líder en EE.UU. que distribuye unos USD 140 millones en donaciones cada año, es un colaborador clave de Oceana y, según Cárdenas, pronto podría entregar a Ecoceanos un donativo para un nuevo proyecto. En la actualidad, las fuentes de financiamiento a las que Ecoceanos recurre incluyen a la Fundación AVINA, creada por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable en Latinoamérica.

Según se ha informado, la fundación alemana Manfred Hermsen también sería un donante significativo para una serie de ONGs ambientalistas de Chile. Otra organización alemana, la fundación Heinrich Böll, ha respaldado al IEP prácticamente desde su creación, señala Baquedano.

Pero, pese a esta gama de benefactores internacionales, la mayoría de las ONGs ambientales chilenas parecen operar con una auténtica escasez de dinero. La oficina sudamericana de Oceana, con un personal de 20 individuos y un presupuesto anual de operación de USD 500.000, proporcionado por sus oficinas centrales en el extranjero, es “la única a la que las finanzas no le causan un dolor de cabeza”, dice Claude, mientras que -según Baquedano- el IEP, con 12 miembros en su personal permanente, opera con unos USD 200.000.

¿NUEVOS TIEMPOS, NUEVA ESTRATEGIA?

En general, las ONGs sostienen que conseguir financiamiento se está volviendo más difícil, no más fácil, y aunque muchas aumentan sus ingresos vendiendo servicios, se dice que varias están en serias dificultades financieras. Éstas incluyen a Defensores del Bosque, fundada por la bióloga y botánica Adriana Hoffmann, que es una de las ONGs medioambientales más ampliamente respetadas, y Greenpeace Chile, que aparentemente está luchando por mantenerse a flote, luego de que la organización internacional, que había respaldado a la rama local por una década, decidiera que tenía edad suficiente como para sostenerse sola.

Los grandes donativos están disminuyendo debido a que los donadores internacionales están redefiniendo sus prioridades, dice Cárdenas. Otra teoría es que Tompkins ahora se está recogiendo financieramente para concentrar sus recursos en la campaña de Aysén.

Particularmente esto es un problema porque, a medida que el movimiento madura y deja atrás la primera y sencilla etapa de atraer la atención sobre ciertos temas, las ONGs reconocen que necesitan aumentar su actividad investigativa, en parte por el bien de la educación pública y en parte para ser capaces de conversar en los mismos términos con los empresarios sobre el impacto de sus actividades.

Ésa es la dirección a la que apunta el donativo de la Weeden Foundation para Resources for the Future, pero la mayoría de las ONGs sostienen que el dinero para hacer investigación seria simplemente no está disponible. El IEP, por ejemplo, depende principalmente de estudiantes que hacen sus tesis o bien de la ayuda de sus adherentes. “Tenemos acceso a información y colaboración voluntaria, pero no contamos con fondos”, afirma Baquedano.

En este contexto, algunas ONGs chilenas hicieron una apuesta en noviembre pasado cuando acordaron apoyar a Michelle Bachelet en la carrera por la presidencia. A cambio, ella comprometió una agenda de 10 puntos que incluye la creación de un Ministerio del Medio Ambiente; una inspección de las cuencas de los ríos del país, a fin de determinar cuáles debieran usarse para generar hidroelectricidad y cuáles debieran destinarse a conservación; un mayor uso de fuentes de energía renovable; y nada de energía nuclear durante sus cuatro años de mandato (lo que, de todas formas, nunca estuvo en discusión).

Según Baquedano, quien fue uno de los firmantes, tres cuartas partes del movimiento ambientalista respaldó el acuerdo, pero otros no concuerdan con esa cifra. Marcel Claude y Juan Carlos Cárdenas estuvieron entre quienes se negaron a suscribirlo; Claude describe el acuerdo como “suicida”.

No obstante, para Baquedano, el momento es el apropiado “para comenzar a operar desde el interior y no de afuera”. Sostiene que esto se debe en parte a la crisis que enfrentó el año pasado la empresa forestal Arauco, cuando tuvo que cerrar temporalmente su nueva planta de celulosa Valdivia, luego de que murieran cines en un pantano cercano a la instalación.

Baquedano cree que la crisis marcó un punto decisivo en la actitud de las empresas respecto del medio ambiente, idea que muchos comparten. “Sería absurdo no aprovechar eso para establecer cierto diálogo”, asegura.

Y la crisis de Arauco también presenció la aparición de un nuevo desafío para el lobby verde. La campaña en contra de la planta fue encabezada por una organización ciudadana local, fuera de la red tradicional delas ONGs ambientalistas y algunas de estas últimas tuvieron dudas sobre su postura. “Ellos querían mantener la planta cerrada hasta que los problemas de las emisiones se hubieran corregido, mientras que nosotros creíamos que había una solución tecnológica”, indica Baquedano.

Pero el tema de las alianzas divide al movimiento ambiental. Claude, por ejemplo, es muy crítico sobre la incorporación de un líder salmonicultor en la campaña contra las centrales de Aysén.

“No puedes luchar durante años contra los salmonicultores y luego formar repentinamente una alianza con uno de ellos”, argumenta. “Ésa no es la forma de construir un movimiento ambientalista”.

“No tienes que involucrarte en una pelea sobre la producción de salmones cuando estás hablando de energía”, responde Tompkins. “La idea de que no puedes formar alianzas estratégicas es equívoca”, señala.

“Los objetivos son los mismos; son las estrategias las que difieren”, resume Cárdenas. Y todo se reduce al momento oportuno. ¿Debiera el movimiento seguir concentrándose en conseguir un mayor respaldo público, en vez de involucrarse en riesgosas alianzas, como recomienda Claude? O como cree Baquedano, ¿está ahora en posición de lograr más entrando al ruedo, en vez de criticar meramente desde la galería?

Parte de las respuestas recaen en la Presidenta Michelle Bachelet y en la capacidad de su gobierno para lograr un equilibrio entre sus compromisos electorales con el lobby verde y el crecimiento económico del país. Ello exigirá pragmatismo de ambas partes, pero podría aclarar ciertas aristas oscuras de incomprensión.